El gobierno de Javier Milei aplicó cambios sustanciales en la política migratoria argentina, que regula los derechos y obligaciones de los extranjeros en el país. Publicado hoy, el decreto introdujo restricciones significativas en el acceso a la ciudadanía, facilita las deportaciones y abre la puerta al cobro de aranceles por servicios de salud y educación para extranjeros.
El decreto habilitó a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes ni nativos. En el ámbito de la salud, estableció que, fuera de casos de emergencia y para residentes permanentes, la atención médica habitual en establecimientos nacionales estará sujeta a la presentación de un seguro de salud o al pago previo del servicio.
Se endurecieron los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina. Se eliminó la posibilidad de acortar el plazo de residencia de dos años por "servicios a la República", reemplazándolo por la necesidad de acreditar una "inversión relevante" en el país. Además, se definió estrictamente la "residencia continua" como la permanencia ininterrumpida en el territorio nacional durante dos años.
Aunque el rechazo de personas que intentan ingresar ilegalmente ya estaba contemplado en la ley vigente, el decreto refuerza las medidas para las deportaciones. Se acortó el tiempo de la residencia precaria de 180 días a 90 días.
Los argumentos del Gobierno
El Gobierno justificó los cambios con el argumento de que el flujo migratorio actual presenta nuevos desafíos políticos, económicos, culturales y sociales. Citaron el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos como un factor que podría generar una mayor presión sobre los servicios estatales si un número significativo de deportados decide radicarse en Argentina.
El decreto remarcó que las "facilidades extremas" existentes para ingresar y permanecer en el país, así como el acceso gratuito a servicios esenciales, hacen previsible un impacto negativo en la economía y en la provisión de servicios.
Las modificaciones
Acceso a la Educación: el decreto limitó la obligación de garantizar el acceso a la educación gratuita a los niveles inicial, primario y secundario, y dejó afuera a las instituciones de educación superior, lo que permitió el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes permanentes. La modificación del artículo 36 sustituye el artículo 143 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que garantizaba acceso y condiciones para la permanencia en todos los niveles del sistema educativo, esto ahora se limitó a los niveles inicial, primario y secundario.
Acceso a la Salud: si bien se mantiene la atención de emergencia para todos los extranjeros, independientemente de su estatus migratorio, y el acceso al sistema de salud público para residentes permanentes, se establece que la atención médica habitual estará sujeta al pago o a la presentación de un seguro para otros extranjeros.
Proceso de Ciudadanía: el decreto exige la residencia continua, y eliminó la posibilidad de acortar el plazo por "servicios a la República". Ahora se requiere que el solicitante acredite ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país.